El presidente Petro hizo una nueva alocución para defender el aumento del 23% del salario mínimo y la expedición del decreto de emergencia económica. Frente al mínimo, dio dos argumentos.
El primero, la disminución del Índice de Precios al Productor (IPP), medido por el Dane, que a diciembre del 2025 disminuyó -2,6% frente al 2024. Como la cifra, según Petro, tiene en cuenta los anteriores aumentos al salario mínimo decretados por su gobierno, el presidente sostiene que el reciente aumento tampoco hará subir los precios.
Su segundo argumento fue un informe de Corabastos, la plaza de mercado de Bogotá, que registra estabilidad en los precios de una serie de productos de la canasta básica. “El salario vital es una orden de la Constitución (…) Los precios en Corabastos están estables y durante el año pasado cayeron los precios de producción”, dijo Petro.
Petro le ordenó al ministro de Hacienda, Germán Ávila, sacar el decreto que desindexa el aumento del salario mínimo del precio de las viviendas de interés social, uno de los bienes que puede sufrir mayores aumentos por la subida del mínimo.
El presidente también salió en defensa del decreto de emergencia económica, publicado a finales del año pasado y con el que el gobierno puede, sin pasar por el Congreso, imponer nuevos impuestos. Petro insistió en que sólo los “megarricos” serán afectados con nuevas cargas tributarias, y que los recursos son necesarios para cumplir con los compromisos de deuda asumidos por anteriores gobiernos luego de que el Congreso hundiera la ley de financiamiento.
El presidente defendió la política de endeudamiento del gobierno y dijo que el Ministerio de Hacienda está consiguiendo recursos más baratos para financiarse en el exterior. Esto es cuestionable porque en las otras subastas de deuda como la primera de corto plazo de enero recibió menos ofertas de las que pedía, además los CDS —que miden el riesgo de un país— han subido desde el 30 diciembre aunque han tenido una leve bajada la última semana.
Finalmente, Petro le mandó un mensaje a la Corte Constitucional, que está estudiando la constitucionalidad del decreto de emergencia. “Espero que los magistrados entiendan estas cifras (…) si se quita capacidad al Estado para pagar la deuda, crece el costo de pagarla”.
